Las nuevas prácticas e innovaciones democráticas basadas en tecnologías digitales —que en este blog hemos seguido como una promesa de renovación política— atraviesan una etapa de maduración.
Gobiernos nacionales, regionales y locales incorporan procesos deliberativos para abordar asuntos como las reformas institucionales, el cambio climático o el diseño de políticas públicas. Las asambleas ciudadanas deliberativas ya no son experimentos excepcionales. Numerosas ciudades integran plataformas digitales a sus procedimientos administrativos habituales. Crecen los laboratorios públicos de innovación, las oficinas de participación ciudadana y los mecanismos híbridos que combinan instancias digitales y presenciales.
Bélgica, Bruselas, París, Irlanda, Brasil y Escocia ofrecen ejemplos de esta tendencia. En paralelo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos documentó 160 nuevos procesos deliberativos representativos entre 2021 y 2023.
Paulatinamente, el ecosistema se va profesionalizando. Organizaciones internacionales, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil desarrollaron metodologías más robustas para diseñar y administrar procesos participativos, seleccionar participantes y evaluar resultados.
La innovación democrática deja así de ser solo una colección de experiencias aisladas para transformarse gradualmente en un campo profesional especializado, emprendiendo el camino hacia la institucionalización, con estructuras permanentes del Estado, equipos especializados y marcos normativos específicos.
Se trata de un progreso significativo que no debe subestimarse.
Sin embargo, la mayoría de estas innovaciones tuvieron lugar en un ámbito relativamente específico, integrado por democracias relativamente sólidas. Allí enriquecieron la calidad del proceso democrático.
Mientras esto ocurre, sin embargo, el mundo experimenta una regresión democrática que se extiende ya por dos décadas.
Freedom House informa que la libertad global disminuyó durante veinte años consecutivos. V-Dem sostiene que el mundo atraviesa una tercera ola de autocratización que lleva aproximadamente un cuarto de siglo. Ambos informes utilizan metodologías diferentes, pero convergen en un diagnóstico similar: el deterioro democrático dejó de ser un fenómeno episódico para convertirse en una tendencia estructural.
Más importante aún es que ambos estudios permiten identificar dónde se concentra buena parte del problema.
Aunque varias democracias consolidadas también han sufrido retrocesos, el desplazamiento global hacia formas más autoritarias de gobierno se produce especialmente en el espacio intermedio que separa a las democracias sólidas de las autocracias cerradas.
Freedom House muestra que el grupo de países clasificados como Partly Free se redujo de manera constante durante las últimas dos décadas. Muchos de esos países no evolucionaron hacia democracias consolidadas. Por el contrario, terminaron convirtiéndose en regímenes Not Free.
V-Dem describe un proceso semejante mediante otra clasificación: democracias electorales que pierden progresivamente sus componentes liberales y autocracias electorales que evolucionan hacia formas cada vez más cerradas de autoritarismo.
En ambos casos, el mensaje es inequívoco. El principal terreno de disputa democrática mundial se encuentra en ese espacio intermedio constituido por democracias institucionalmente frágiles.
Se trata de sistemas donde las elecciones todavía existen, pero comienzan a deteriorarse los controles sobre el poder; donde subsisten tribunales independientes, aunque sometidos a crecientes presiones; donde la prensa continúa funcionando, pero enfrenta hostigamiento político o económico; y donde la sociedad civil permanece activa, aunque con márgenes de acción cada vez más reducidos.
Los dos informes coinciden también en otro aspecto fundamental: la autocratización contemporánea rara vez comienza mediante un golpe de Estado claramente identificable. Lo habitual es un proceso gradual de erosión institucional que afecta primero la libertad de expresión, luego la competencia electoral, posteriormente los organismos de control y, finalmente, el Estado de derecho.
Esta constatación obliga a formular una pregunta incómoda.
Las innovaciones democráticas han demostrado ser útiles para mejorar la calidad del gobierno democrático. Pero ¿pueden contribuir también a enfrentar los procesos de deterioro que amenazan a las democracias más vulnerables?
Hasta ahora, su contribución en ese terreno parece haber sido limitada.
La mayor parte de las innovaciones desarrolladas durante los últimos años fue concebida para ampliar la participación ciudadana, no para fortalecer la resiliencia institucional frente a la autocratización. Ayudan a deliberar mejor, pero no necesariamente a proteger la independencia judicial. Facilitan la consulta pública, pero no garantizan el pluralismo informativo. Acercan gobiernos y ciudadanos, pero no impiden la captura de organismos de control ni la manipulación de las reglas electorales.
Existe, por lo tanto, un desajuste entre el lugar donde las innovaciones democráticas han producido sus mayores avances y el lugar donde hoy se juega buena parte del futuro de la democracia.
Tal situación nos obliga a redefinir el rol y el campo de acción de estas iniciativas. No se trata simplemente de trasladar a las democracias frágiles las experiencias desarrolladas en sistemas más sólidos. Es necesario diseñar iniciativas que incluyan garantías de independencia, pluralismo, transparencia, protección de los participantes y supervisión externa.
En primer lugar, será necesario incorporar mecanismos destinados a proteger el ecosistema informativo. Si la libertad de expresión constituye uno de los primeros objetivos de los procesos de autocratización, la innovación democrática no puede limitarse a crear nuevas plataformas de participación. También debe contribuir a garantizar la transparencia algorítmica, el pluralismo informativo, la trazabilidad de la comunicación política y la integridad del debate público.
En segundo término, las innovaciones deberían comenzar a trabajar más directamente sobre las instituciones de control democrático. Existen amplias posibilidades para desarrollar herramientas destinadas a fortalecer organismos electorales, agencias anticorrupción, sistemas de acceso a la información pública, mecanismos de auditoría ciudadana y nuevas formas de supervisión legislativa y presupuestaria.
Un tercer eje consiste en fortalecer la capacidad organizativa de la sociedad civil. V-Dem muestra que la movilización ciudadana, la cooperación entre fuerzas políticas, los medios independientes y la acción de organizaciones sociales pueden contribuir a frenar o revertir procesos de deterioro democrático. Ello requiere redes cívicas más robustas, organizaciones mejor conectadas y mecanismos permanentes de cooperación entre actores sociales, académicos e institucionales.
Asimismo, la innovación democrática podría contribuir al desarrollo de sistemas de alerta temprana capaces de identificar señales de deterioro institucional antes de que el proceso resulte irreversible. Del mismo modo que hoy existen indicadores para monitorear estabilidad financiera o riesgos ambientales, sería posible desarrollar instrumentos permanentes para detectar amenazas emergentes contra la independencia judicial, la libertad de prensa, la integridad electoral o la autonomía de los organismos de control.
Como herramienta transversal, la inteligencia artificial ofrece oportunidades todavía poco exploradas para fortalecer las instituciones democráticas. Más allá de mejorar servicios públicos o facilitar consultas ciudadanas, podría utilizarse para aumentar la transparencia administrativa, detectar conflictos de interés, monitorear procesos legislativos, facilitar el acceso ciudadano a la información pública y apoyar la rendición de cuentas.
Este conjunto de herramientas no sustituirá la voluntad política ni resolverá por sí solo los problemas estructurales que enfrentan muchas democracias. Tampoco podrá compensar completamente la ausencia de jueces independientes, medios libres, partidos competitivos o autoridades electorales confiables. Pero sí podrían contribuir a fortalecer precisamente aquellas instituciones que hoy aparecen sometidas a mayor presión.
Durante los últimos años, las innovaciones democráticas demostraron que pueden mejorar el funcionamiento de democracias relativamente sólidas. La agenda de la próxima década deberá concentrarse en un desafío más exigente: contribuir a evitar que las democracias frágiles crucen el umbral que las conduce hacia la autocracia.
Esa es, probablemente, la agenda más importante para la próxima década.
